BLOQUE VI: ISABEL II Y EL SEXENIO REVOLUCIONARIO (1833-1874)

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Localizar diversas fuentes tanto primarias como secundarias, para seleccionar, analizar y extraer información histórica relevante, sintetizarla y explicarla mediante distintos procedimientos y con variados recursos como la elaboración de mapas conceptuales, temáticos, líneas del tiempo, etc., sirviéndose de los conocimientos adquiridos, valorando críticamente su contenido y fiabilidad, así como su grado de idoneidad para el fin deseado e insertando la información obtenida en el contexto adecuado.

7. Demostrar una visión global del proceso de implantación y consolidación del Estado liberal en España durante las distintas fases del período isabelino, y del intento de experiencia democrática que representa el sexenio, analizando en las fuentes el desarrollo del proceso constitucional y los aspectos sociales, económicos y políticos más significativos: el protagonismo de las distintas corrientes ideológicas y sus luchas por el poder, la reacción absolutista representada por el carlismo, los partidos políticos, los militares y el movimiento obrero, etc., haciendo hincapié en los intentos de modernización económica, las características de la nueva sociedad de clases y los principales conflictos que desestabilizaron al país.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia cultural y artística de un personaje históricamente relevante, hecho o proceso histórico y elabora una breve exposición.

2. Representa una línea del tiempo situando en una fila los principales acontecimientos relativos a determinados hechos o procesos históricos.

3. Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes históricas e historiográficas.

4. Distingue el carácter de las fuentes históricas no sólo como información, sino como prueba para responder las preguntas que se plantean los historiadores.

5. Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales.

6. Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas.

7. Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, situando en ella los principales acontecimientos históricos.

8. Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante el reinado de Isabel II.

9. Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su minoría de edad, y explica el papel de los militares.

10. Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas a cabo durante el reinado de Isabel II.

11. Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una y otra.

12. Especifica las características de la nueva sociedad de clases y compárala con la sociedad estamental del Antiguo Régimen.

13. Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845.

14. Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático.

15. Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 1869.

16. Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias políticas.

17. Relaciona la evolución del movimiento obrero español durante el Sexenio Democrático con la del movimiento obrero internacional.

ÍNDICE

1. El reinado de Isabel II (1833-1868)

1.1. La minoría de edad y la Regencia.

- La Regencia de María Cristina. (1833-1840)

- El nuevo sistema político liberal: Del Estatuto Real a la Constitución de 1837.

- La Primera Guerra Carlista.

- La Regencia del General Espartero (1840-1843)

1.2. El reinado de Isabel II. (1843-1868)

- La década moderada (1844-1854)

- El Bienio Progresista (1854-1856)

- La Unión Liberal y la caída de la monarquía (1856-1868)

2. El Sexenio Revolucionario (1868-1874)

2.1 La Revolución Gloriosa de 1868 y el gobierno provisional

- Causas de la Revolución.

- La Constitución de 1869.

2.2. La monarquía de Amadeo I de Saboya.

2.3 La I República.

1. EL REINADO DE ISABEL II (1833-1868)

1.1 La minoría de edad y la Regencia. (1833-1843)

La regencia de María Cristina (1833-1840)

El nuevo sistema político liberal: Del Estatuto Real a la Constitución de 1837.

Tras morir Fernando VII en 1833, el trono pasa a su hija Isabel, que cuenta solo con tres años, por lo que su madre, María Cristina de Borbón es nombrada regente y empieza a gobernar en nombre de su hija.

María Cristina se va a apoyar en los liberales como forma de garantizar el trono a su hija, pues los seguidores del Infante Carlos, hermano de Fernando VII inician una guerra civil por el trono, la Primera Guerra Carlista. El problema era que María Cristina no era liberal, por lo que apoyará a los liberales moderados, que deseaban pocos cambios y una monarquía con mucho poder, frente a los liberales progresistas, que buscaban cambios más profundos, una verdadera separación de poderes y un parlamento con potestad para oponerse al monarca.

María Cristina intenta, en los primeros años, que el gobierno esté en manos de moderados; así gobiernan Cea Bermúdez o Martínez de la Rosa, que realizan una división provincial del territorio o publican el llamado Estatuto Real de 1834, que era una especie de carta otorgada por la monarquía al pueblo y que no llegaba a ser una verdadera constitución. Además la soberanía y el poder legislativo seguían controlados por la regente y las elecciones a Cortes estaban limitadas por un sufragio censitario muy restringido en el que solo podían votar personas con rentas muy elevadas.

Este inicio tan moderado de las reformas de María Cristina hizo que en 1835 se produjera una sublevación, que la obligó a nombrar como nuevo presidente del gobierno al progresista Mendizábal.

Mendizábal intentó mejorar la situación económica para terminar con la deuda del Estado y tener fondos para financiar la guerra contra los carlistas. Su principal medida será la desamortización de 1836, que se basaba en expropiar conventos y tierras a la Iglesia para venderlas, así se sacaría una importante suma de dinero y surgiría un grupo de nuevos propietarios que apoyarían la causa de los progresistas. Sin embargo, la desamortización no tuvo los efectos deseados, pues las tierras las compraron nobles que no las pusieron en explotación y además se concentró aún más la propiedad.

Este fracaso y el avance hacia la moderación de lo siguientes gobiernos llevó a un nuevo levantamiento contra la regente María Cristina: fue el llamado Motín de la Granja, donde la regente tuvo que devolver el gobierno a los liberales progresistas, que rápidamente convocaron elecciones a Cortes y empezó la elaboración de una nueva constitución, la de 1837.

Esta constitución responde a los deseos progresistas de modernizar el país, como la aparición de derechos individuales (de propiedad, de prensa o igualdad ante la ley) y la separación de poderes, pues las Cortes son bicamerales y por primera vez se denominan Congreso de los Diputados y Senado; sin embargo también aparecen ideas de los liberales moderados para lograr el apoyo de todo el país, como la soberanía compartida pues el poder legislativo se reparte entre reina y Cortes, teniendo el monarca derecho a veto sobre las decisiones del Parlamento, además de un sufragio censitario donde solo votan y pueden ser elegidos los más ricos.

Las primeras elecciones dieron la victoria a los moderados, que vuelven al poder e inician reformas más lentas que las realizadas por los progresistas. Sin embargo, la guerra y las dificultades económicas impedían gobernar, al mismo tiempo que los generales que destacaban en la guerra carlista empiezan a participar en política. Entre ellos destaca el General Baldomero Espartero, cuya ideología liberal le hace oponerse a muchas de las decisiones de María Cristina, que al final cede ante la falta de apoyos, nombra presidente a Espartero y marcha hacia París, donde seguirá conspirando en favor de los liberales moderados.

La Primera Guerra Carlista.

Tras la muerte de Fernando VII, los seguidores del Infante Carlos lo proclaman rey como Carlos V y no reconocen la Pragmática Sanción ni a la nueva reina Isabel II. Los levantamientos carlistas se producen sobre todo en las zonas forales como Navarra y el País Vasco, pero también tienen apoyos en Cataluña, el Maestrazgo o zonas aisladas de Valencia o Castilla. Su ideario se basaba en las tradiciones, la religión, la monarquía absoluta y que se mantuvieran los privilegios del Antiguo Régimen.

La primera etapa de la guerra tuvo como gran líder carlista al general Zumalacárregui, que logra ocupar algunas zonas en el norte, pero muere en el asedio de Bilbao. A partir de ese momento, los carlistas cambian la táctica e inician grandes campañas hacia el sur para expandir el movimiento, llegando incluso a las puertas de Madrid, que resiste bajo el mando del general Espartero. El problema para el carlismo fue que su movimiento se dividió entre los más radicales y los que querían una solución negociada, dirigidos por el General Maroto, que firmó en 1839 el Convenio de Vergara, que firmaba la paz entre los liberales y los carlistas a cambio de respetar los cargos del ejército carlista y mantener los fueros vascos y navarros, lo que terminó por debilitar a los más radicales de los carlistas, que huyeron hacia Francia.

La regencia del General Espartero (1840-1843).

Tras la marcha de María Cristina, Espartero logra el apoyo de los moderados y los progresistas para ser nombrado regente de Isabel II.

Su gobierno se basará en medidas populistas, el autoritarismo y el personalismo. Se relanzará la venta de bienes eclesiásticos al mismo tiempo que se rompen las relaciones con la Santa Sede, pues el papado apoyó al carlismo durante la guerra. Además, en economía se impuso el librecambismo, que provocó que los productos españoles tuvieron que competir con los llegados de fuera, consiguiendo el rechazo de gran parte de la burguesía. Por último, se le acusó de estar muy influenciado por el embajador británico, con lo que se iniciaron conspiraciones de otros importantes generales como O' Donnell o Narváez, pero que fracasaron.

Sin embargo, las revueltas contra los acuerdos librecambistas con Inglaterra siguieron generando protestas y en 1842 se producen manifestaciones contra el regente en Barcelona, la respuesta del ejército fue el bombardeo de la ciudad con cientos de muertos, lo que provocó que Espartero perdiera el apoyo de los liberales progresistas y moderados, con lo que se produce a comienzos de 1843 una revuelta por todo el país y Narváez provoca la huida del Regente que renuncia y se marcha hacia Londres.

1.2 El reinado de Isabel II (1843-1868)

La Década Moderada (1844-1854)

Tras la renuncia de Espartero se plantea el problema de la elección de una nueva regencia, pero al final se opta por el adelanto de la mayoría de edad de Isabel II, que apenas contaba con 13 años, evitando así la vuelta de María Cristina y dejando al general Narváez como el principal político durante la década moderada.

Para configurar el nuevo gobierno moderado se elabora una nueva constitución, la de 1845, de claro signo conservador, pues se establece una soberanía compartida entre Cortes y reina, con un sufragio muy censitario, se establece un estado confesional católico, y el Senado pasa a ser una cámara elegida por designación real de forma vitalicia entre las élites de la Iglesia, ejército y oligarquía.

Esta estabilidad político sirvió para la realización de una importante labor legislativa, cuyas principales medidas fueron las siguientes:

- Concordato con la Santa Sede en 1851, por el que se volvían a tener relaciones diplomáticas con el Vaticano, el Papa aceptaba las ventas de los bienes por la desamortización pero se paraba el proceso y no se vendían más conventos ni tierras de la Iglesia. Además, el Estado sostendría a la Iglesia, se le da competencias en Educación y se pone acepta el estado confesional católico.

- Reforma fiscal que crea impuestos sobre el consumo, gravando productos de primera necesidad pero que aumentó la recaudación de Hacienda.

- Se crea un nuevo Código Civil.

- Se crea un nuevo Código Penal.

- Se crea la figura del Gobernador Civil para aumentar la presencia del gobierno central en las provincias.

- Aparece un nuevo sistema educativo a nivel nacional, pero que aún no es universal ni gratuito en todos sus niveles.

- Para mejorar la defensa del país se impone el servicio militar obligatorio por un sistema de quintas, aunque pagando una determinada cantidad de dinero se podía evitar el reclutamiento. Y para mejorar la seguridad en las zonas rurales se crea la Guardia Civil.

El problema fue que todas estas medidas no lograron unir a la población en torno al gobierno, que siguió legislando solo para un grupo reducido, la oligarquía, por lo que aparecen grupos opositores como los republicanos o los carlistas, que se sublevan en 1846, iniciándose la Segunda Guerra Carlista, que dura hasta 1849. Además, los liberales progresistas y los democrátas habían ganado seguidores ante el sistema tan cerrado y elitista de los moderados, sobre todo tras la represión de las revueltas de 1848, que sacudieron toda Europa en la llamada Primavera de los Pueblos.

El Bienio Progresista (1854-1856).

El malestar frente al autoritarismo de los moderados llevó a un levantamiento de progresistas, demócratas y liberales en la llamada Vicalvarada, pues se inició en la zona de Vicálvaro en Madrid, dirigido por el General O´Donnell, y que se extendió por las principales ciudades. La reina Isabel II se vio obligada a destituir a los moderados y entregó a gobierno a Espartero, dejando como hombre fuerte a O,Donnell, que fue nombrado Ministro de Guerra.

Rápidamente el nuevo gobierno convocó unas cortes constituyentes bajo las condiciones de la Constitución de 1837, cuyo resultado fue la victoria de los progresistas, la entrada en las Cortes de los demócratas y un resultado muy pobre para los moderados, que apenas lograron 20 diputados.

Estas cortes inician una gran labor legislativa, aprobando leyes que tendrán una importancia mucho mayor que los apenas dos años que dura el gobierno progresista:

- Se aprueba una nueva desamortización, la de Pascual Madoz, y que no afecta ya solo a bienes religiosos sino que ahora también se ponen a la venta bienes comunales o de Propios de los ayuntamientos. Se consiguieron importantes ingresos y la aparición de una burguesía agraria que pone en explotación muchas de las tierras abandonadas, pero al mismo tiempo muchos campesinos pobres pierden los ingresos que lograban explotando las tierras comunales.

- Se aprueba la Ley General de Ferrocarriles (1855), con importantes ayudas a las empresas que invirtieran en ferrocarriles en España, con lo que llegan empresas extranjeras, sobre todo francesas y británicas.

- Otras medidas como la puesta en marcha del sistema de telégrafos, la red de carreteras, etc.

Sin embargo, el Bienio Progresista tuvo que hacer frente a una grave crisis de subsistencia por las malas cosechas, a una epidemia de cólera que se cebó con los grupos más pobres, y a las protestas de los sectores obreros, cuyas huelgas fueron continuas sobre todo en Cataluña. Ante esto, algunos sectores del ejército apoyados por O´Donnell realizaron una dura represión que contó con el rechazo del presidente Espartero. La situación de división entre los progresistas fue aprovechada por Isabel II para nombrar presidente a O,Donnell, que reprimió a los seguidores de Espartero, cerró las Cortes, anuló la libertad de prensa, terminando así con el Bienio Progresista.

- La Unión Liberal y el final de la monarquía (1856-1868).

Los últimos años del reinado de Isabel II se caracterizaron por el reparto del poder sucesivamente entre O´Donnell y Narváez, que irán intercambiándose la presidencia del gobierno en función de su fuerza y la preferencia de la reina.

Se restablece la legalidad de la constitución de 1845, eliminando algunas de las reformas del Bienio Progresista pero se mantuvieron algunas de las desamortizaciones y las decisiones económicas, como la la expansión del ferrocarril o el aumento en las obras públicas, destacando sobre todo el avance económico durante el gobierno de la Unión Liberal.

Durante este periodo incluso se produce una activa política exterior, donde España intenta entrar en la expansión colonial que están realizando las grandes potencias europeas, con campañas en Indochina junto a los franceses, la exigencia a México del pago de la deuda o la intervención en Marruecos, donde empieza a ganar protagonismo el general Prim.

Sin embargo, estos éxitos no pudieron evitar que poco a poco el gobierno se hiciera más duro con la oposición, sobre todo con los enemigos de Isabel II, que se unen en el llamado Pacto de Ostende, donde se comprometían a terminar con la monarquía y convocar Cortes Constituyentes. Además, a todo esto se unió una crisis de subsistencia desde 1866, que contribuyó a darle apoyo popular a la revuelta contra la reina, que se producirá en 1868.

2. EL SEXENIO REVOLUCIONARIO (1868-1874).

2.1 LA REVOLUCIÓN GLORIOSA Y EL GOBIERNO PROVISIONAL.

- Las causas de la Revolución.

A partir de 1860, se va complicando el gobierno de país al aparecer diferentes problemas, que todos unidos hicieron que creciera la oposición hacia la reina y los dirigentes políticos que gobernaban el país.

Por un lado se produjo una crisis financiera, porque se comprobó que la enorme inversión que se había producido en los ferrocarriles no eran rentables, por lo que muchas empresas del sector se arruinan, hundiéndose sus cotizaciones en bolsa, arrastrando a la deuda pública y a otras empresas.

También se produce una crisis industrial, pues muchas empresas textiles se arruinan por el aumento de la materia prima, el algodón, con la guerra de Secesión en Estados Unidos. Esto provocó un aumento del paro y el aumento de las protestas de los grupos obreros.

Y además también se produce una crisis de subsistencia, pues se producen malas cosechas a partir de 1865, que hacen que el trigo doble su precio, frente a los sueldos que apenas subieron.

Todos estos problemas aumentaron la conflictividad social, y la reacción de los últimos gobiernos isabelinos fue la represión, por lo que todos los grupos opuestos a la monarquía de Isabel II firman el Pacto de Ostende.

La revuelta definitiva se inicia en septiembre de 1868, cuando el brigadier Topete se subleva en Cádiz contra el gobierno de Isabel II, consiguiendo en pocos días el apoyo de generales muy importantes como Prim o Serrano, con lo que el movimiento se extendió por toda la Península. Al final, las tropas afines a la reina fueron vencidas en Alcolea, dimitiendo el gobierno y marchándose Isabel II al exilio.

El problema fue que la revolución empezó a tener un carácter más democrático y social, con la participación de republicanos, demócratas y organizaciones obreras, por lo que rápidamente se formó un gobierno con Prim y Serrano, liberales más moderados, y se controló la situación reprimiendo a los grupos más exaltados que querían una revolución totalmente democrática.

- La Constitución de 1869.

Tras controlar la situación, el nuevo gobierno provisional aprueba decretos democratizadores como la libertado de imprenta o de asociación y aceptó demandas populares como los precios máximos para los productos de primera necesidad. Así, se logró estabilizar el país y poder convocar unas elecciones a cortes constituyentes, como se había acordado en el Pacto de Ostende, que se harían por medio del sufragio universal masculino para mayores de 25 años.

Las elecciones se celebraron en enero de 1869 y dieron la mayoría a los miembros del gobierno provisional, pero también aparece un número importante de diputados carlistas o republicanos. Estas Cortes serán las que elaboren una nueva constitución, la de 1869. Sus características principales son las siguientes:

- Soberanía Nacional, con sufragio universal masculino para mayores de 25 años.

- Amplios derechos y libertades: manifestación, asociación, libertad de enseñanza, libertad religiosa (aunque el estado seguiría financiando el culto católico), imprenta, etc.

- España se declara Monarquía Parlamentaria, donde el rey carece de poder legislativo y no tiene derecho a veto, ese poder legislativo reside únicamente en las Cortes Bicamerales, y el poder judicial es independiente.

- Se reforma la estructura territorial del Estado, dando mayor autonomía a provincias y municipios para aumentar el autogobierno, además de integrar a Cuba y Puerto Rico como provincias, y dar un estatus especial a Filipinas.

Tras aprobar la constitución y como se carecía de monarca, las Cortes declaran un gobierno de regencia, donde Serrano sería el Regente hasta que se encontrara un nuevo monarca, y Prim presidente del gobierno.

Este nuevo gobierno emprenderá grandes reformas destinadas a mejorar la economía como la de aceptar un mayor librecambismo, reducir la protección de algunos productos españoles, se crea la peseta como moneda única para todo el territorio nacional e incluso se aprueba una ley de minas que atrae a gran cantidad de empresas extranjeras y que impulsa mucho el sector.

2.2 LA MONARQUÍA DE AMADEO I DE SABOYA.

El General Prim será el encargado de encontrar un nuevo monarca para la corona española, y habrá varios candidatos de diferentes casas reales europeas, escogiendo al final a Amadeo de Saboya, que tenía una concepción democrática de la monarquía y que además pertenecía a la prestigiosa casa de Saboya, que había conseguido en 1870 la unificación italiana.

El problema fue que cuando Amadeo I es proclamado en las Cortes, apenas logra la mitad de los votos, y justo unos días antes de llegar a España, su principal apoyo, el General Prim, es asesinado en un atentado anarquista.

De esta forma será un reinado corto, de apenas dos años, lleno de complicaciones, y donde el monarca nunca sintió el apoyo del pueblo español ni de la clase política, que tradicionalmente se ha dicho que “le hicieron el vacío”. Serán dos años donde los aliados durante el gobierno provisional se disputen el gobierno, con el Partido Constitucional de Sagasta, que creen que la revolución ha avanzado demasiado, el Partido Radical de Zorrilla, que quiere continuar con más reformas, y con otros partidos como los republicanos unionistas, republicanos federalistas, carlistas o monárquicos, que se van uniendo en torno a la figura de Cánovas del Castillo.

Todo esto hace que sea ingobernable el país ante la debilidad de los sucesivos gobiernos, pero es que además se suman graves problemas como la sublevación carlista en 1872, iniciándose la Tercera Guerra Carlista porque al quedar el trono vacante no reconocen a Amadeo I como rey y exigen que el trono recaiga en su heredero, en Cuba se inicia además en 1868 una guerra de independencia frente al control español de la isla, la esclavitud y el proteccionismo económico, no contando con una rápida reacción del gobierno español, por lo que la sublevación se extendió por gran parte de la isla. Y además, fue un periodo de mucha inestabilidad social, porque comienzan a coger fuerza el movimiento obrero, apareciendo los primeros movimientos socialistas y anarquistas.

Ante esta situación, en febrero de 1873, Amadeo I de Saboya presenta su renuncia y se marcha hacia Italia, dejando el país al borde de un conflicto civil.

2.3 LA I REPÚBLICA.

Tras la marcha del monarca, se produjo un vacío de poder que se solucionó con la celebración de una reunión extraordinaria uniendo al Congreso y al Senado, que ante la falta de alternativas, decidió la proclamación de la I República.

El gobierno recayó en un republicano moderado, Figueras, que convoca elecciones constituyentes para mayo de 1873, ganándolas los republicanos federalistas pero con una enorme abstención. Tras reunirse la cámara se nombra presidente a Pi y Margall y se empieza a elaborar una nueva constitución, muy avanzada para la época con un estado laico, soberanía popular con sufragio universal masculino para los mayores de edad, amplios derechos y libertades, e incluso un modelo federal del país, donde cada región o país tuviera amplias prerrogativas en legislación y autogobierno, incluidos Cuba y Puerto Rico.

Sin embargo, la República era incapaz de solucionar los graves problemas del país, pues a la crisis económica que ya duraba varios años, se unían las derrotas del ejército contra los carlistas y contra los sublevados en Cuba, y a todo eso se iba a unir el problema cantonalista. Aprovechando la nueva estructura federal que reconocía la Constitución que se estaba elaborando, algunas regiones y ciudades proclaman su independencia del gobierno central y empiezan a gobernar de forma independiente dentro de la República Federal Española, pudiendo realizar reformas profundas del sistema social y económico para ayudar a las clases más desfavorecidas. Así se proclaman los cantones de ciudades como Sevilla, Cádiz, Granada y sobre todo Cartagena, que logró hacer frente a las tropas durante meses.

Pi y Margall se negó a reprimir estos movimientos, por lo que es cesado y sube al gobierno Salmerón, que sí manda al ejército a reconquistar los territorios sublevados, pero que se negó a firmar penas de muerte para los líderes cantonalistas, por lo que es sustituido por Castelar, que sí inicia una dura represión y logra restituir el orden, pero a cambio de terminar con el escaso apoyo popular que tenía ya la I República.

Al final, en enero de 1874, el General Pavía entra a caballo en las Cortes junto a la guardia civil, las disuelve y entrega el poder a un gobierno moderado del general Serrano que inicia una dura represión, impone la censura, elimina muchos de los derechos aceptados durante la República y empieza a negociar la vuelva a un sistema monárquico, algo que se materializará por medio de la llegada al trono del hijo de Isabel II, Alfonso XII, que gobernará apoyándose en el verdadero hombre fuerte del nuevo sistema de la Restauración, Cánovas del Castillo.

Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una y otra

A lo largo del reinado de Isabel II se produce la sustitución de la economía feudal, propia del Antiguo Régimen, por un sistema económico capitalista basado en la propiedad privada. Esto también afectará al ámbito agrario. En el Antiguo Régimen gran parte de las tierras eran inalienables, debido sobre todo a dos circunstancias: las propiedades de la Iglesia y las de los municipios estaban en “manos muertas” [Las «manos muertas» eran, según los religiosos, los bienes y las tierras pertenecientes a Dios. Que no se podían arreglar por tener un destino específico que era al cielo. En su origen se refería tanto a bienes civiles como eclesiásticos, aunque se utilizó principalmente para significar la propiedad eclesiástica], ya que los clérigos o los regidores municipales no tenían capacidad legal para venderlas; y lo mismo ocurría con las vinculadas a mayorazgos, pues estos pertenecían al linaje familiar y debían transmitirse íntegros de un titular a otro.

La eliminación de las trabas legales heredadas del Antiguo Régimen era una condición necesaria para liberalizar el mercado de la tierra. En consecuencia, a partir de 1836 se adoptaron tres medidas fundamentales:

1. La supresión de los mayorazgos (1836), que transformó los bienes vinculados a ellos en propiedades plenas y libres en poder del titular de la familia correspondiente.
2. La abolición del régimen señorial (1837), que transformó las tierras de los señoríos en propiedades plenas y libres de sus legítimos dueños.
3. Las desamortizaciones. Consistió en poner en el mercado, previa expropiación forzosa y mediante una subasta pública, las tierras y bienes que hasta entonces no se podían enajenar (vender, hipotecar o ceder) y que se encontraban en poder de las llamadas «manos muertas», es decir, la Iglesia católica y las órdenes religiosas y los llamados baldíos y las tierras comunales de los municipios. 

Aunque se dieron algunos precedentes a finales del siglo XVIII, el verdadero proceso de desamortización se desarrolló a partir de 1837 en dos fases, a cada una de las cuales se la conoce por el nombre del ministro que la decretó: la desamortización de Mendizábal y la de Madoz.

1. La desamortización eclesiástica de Mendizábal (1837-1849)

Como medida previa, en 1835 se disolvieron las órdenes religiosas y sus fincas se declararon bienes nacionales, es decir, propiedad del Estado. La desamortización de Mendizábal (1837) se inició en una etapa de gobierno progresista. Consistió fundamentalmente en la venta por subasta de las tierras expropiadas a la Iglesia, por lo que se la conoce también como desamortización eclesiástica. Sus objetivos, determinados por la crítica situación que atravesaba el país (primera guerra carlista y estado ruinoso de la Hacienda), fueron esencialmente tres:

1. Sanear la hacienda mediante la amortización parcial de la deuda pública
2. Financiar la guerra civil contra los carlistas.
3. Convertir a los nuevos propietarios en adeptos para la causa liberal, que necesitaba apoyo social frente a la amenaza carlista.

2. La desamortización general de Madoz (1855-1867)

La segunda fase o desamortización general de Madoz, se inició durante el bienio progresista e incluía todo tipo de tierras amortizadas:

Las de la Iglesia aún no vendidas

Las de propiedad municipal, principalmente

La situación política y fiscal no era tan grave como en la etapa de la desamortización anterior, ya que la segunda guerra carlista no supuso tanto gasto como la primera y el régimen liberal estaba más consolidado. Por consiguiente, además de reducir la deuda pública, se pretendía destinar parte de los ingresos obtenidos a financiar la construcción de las infraestructuras necesarias para modernizar la economía, en especial la red de ferrocarriles

Para valorar el alcance real de las desamortizaciones basta con tener en cuenta que la extensión total de las tierras vendidas equivaldría a una quinta parte de todo el territorio nacional o, lo que es más importante, a la mitad de la tierra cultivable. Sin embargo, las desamortizaciones no fueron concebidas como una reforma agraria de carácter social, sino como una medida económica de carácter esencialmente fiscal (disminuir la deuda pública para sanear la Hacienda). De esta manera, las desamortizaciones no modificaron sustancialmente la estructura de la propiedad. Lo único que produjo fue un cambio de propietarios. Por tanto, se mantuvo en gran medida la estructura surgida con las repoblaciones y los procesos de señorialización medievales.

Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 1869

El deterioro del régimen isabelino, deslegitimado y sumido en una deriva autoritaria desde 1864, se había visto agudizado por la crisis económica de 1866. La oposición comenzó a unirse para derribar a la reina. Los progresistas, con Juan Prim a la cabeza, y los demócratas suscribieron con este fin el Pacto de Ostende en 1866. Más tarde, los republicanos y los unionistas, liderados por Serrano tras la muerte de O’Donnell, se incorporaron a este bloque, que se vio así reforzado con la incorporación de un gran número de mandos militares. El 18 de septiembre de 1868 estalló la Revolución conocida como “La Gloriosa”. El almirante Topete levantó la escuadra fondeada en la bahía de Cádiz. Poco después se forzó el exilio de la reina. Comenzó así el Sexenio Democrático, un período de seis años en el que se ensayaron diversas alternativas políticas tendentes a la democratización del país. Los revolucionarios de 1868 deseaban implantar una auténtica democracia y convocaron elecciones para redactar una nueva Constitución. éstas dieron una amplia mayoría a progresistas, unionistas y demócratas. Con esta composición, las Cortes redactaron la Constitución de 1869.

Se trata de un texto con curiosos influjos del constitucionalismo radical de impronta francesa, pero también norteamericana. Es una Constitución rígida (el Título XI está dedicado a regular la reforma) y de mayor extensión que las tres anteriores: 112 artículos, de los cuales nada menos que 31 aparecen agrupados bajo la rúbrica “De los españoles y sus derechos”, que es la que corresponde al Título I. Allí aparecen los derechos que ya figuraban en las Constituciones de 1837 y 1845, pero con mayor detalle y mejor técnica jurídica. Además, encontramos, por vez primera, los derechos de reunión (artículo 18) y asociación (artículo 19). Y vemos también proclamada, rompiendo la tradición de los textos anteriores, una tímida libertad de cultos para los extranjeros y para los españoles que profesaren otra religión diferente a la católica (artículo 21). La estela norteamericana se aprecia claramente en el artículo 29, con su compromiso a favor de los derechos no escritos: “La enumeración de los derechos consignados (...) no implica la prohibición de cualquier otro no consignado expresamente”.

En materia organizativa, la Constitución mantiene el bicameralismo, aunque el Senado pasa a ser electivo. La aceptación de la Monarquía como forma de gobierno de la Nación (artículo 33) va precedida de la solemne reafirmación de la soberanía nacional (artículo 32) y, en consecuencia, desaparece la posibilidad de veto y queda estatuida la convocatoria obligatoria de las Cortes con reunión de al menos cuatro meses por año.

La Constitución de 1869 definió un nuevo sistema político basado en el liberalismo democrático. La Carta Magna estableció también una clara división de poderes y el principio de la soberanía nacional, defendido por progresistas y demócratas, abandonando la noción doctrinaria de soberanía compartida (Rey y Cortes) que inspiró la Constitución moderada de 1845. En una interpretación radical de este principio, próxima a la soberanía popular, se instauró el sufragio universal masculino, directo en la elección de diputados e indirecto en la de senadores. Aunque el Estado se comprometía a mantener el culto y el clero católicos, se declaró la libertad de culto y la aconfesionalidad del Estado. Sin embargo, la opción por la monarquía como forma de Estado frustró las aspiraciones de los republicanos y las reivindicaciones básicas de los sectores populares no se vieron reflejadas en su articulado, que atendió a los intereses de las clases medias progresistas.

En suma, el texto elaborado por las Cortes de 1869 es considerado como la primera Constitución democrática de nuestra historia, que se anticipó en varias décadas a otros países de Europa en cuanto a conquistas políticas y sociales.